La publicación del Real Decreto-ley 6/2023 el pasado 20 de diciembre de 2023, marca un antes y un después en la evolución de la notificación electrónica.
En virtud de la nueva redacción de los artículos 152.2 y 155 de la LEC, los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos, siempre y cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia. Estos sujetos son, entre otros supuestos menos habituales, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de propietarios, sociedades civiles, comunidades de bienes, etc.).
Llamamos la atención sobre la transcendencia de esta nueva normativa por cuanto a partir del próximo 20 de marzo de 2024 los sujetos antes indicados podrán ser emplazados o citados por medios electrónicos. Si transcurrieran tres (3) días sin que el destinatario accediera a su contenido, se procederá a su notificación a través de su publicación por la vía del Tablón Edictal Judicial Único.
(https://www.boe.es/edictos_judiciales/)
Ello provoca un cambio trascendental, pues, a partir del momento en que se dé por realizada la comunicación, empezarán a correr los plazos legales.
Al objeto de evitar sobresaltos, recomendamos controlar y verificar que los datos de contacto que consten en las plataformas electrónicas a través de las cuales, se pueden recibir notificaciones judiciales, sean correctos, como así, subscribirse a las mismas. (art. 50 de la LEC):
- Carpeta Justicia (https://www.administraciondejusticia.gob.es/carpeta-justicia)
- Sede judicial electrónica (https://sedejudicial.justicia.es/ca/)
- Dirección electrónica habilitada única (https://dehu.redsara.es)
- Tablón Edictal Único (https://www.boe.es/notificaciones/)
Asimismo, recomendamos que las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica revisen de forma habitual y constante dichas plataformas electrónicas y establezcan mecanismos de aviso vía sms o e-mail, así como designen responsables o encargados de dichas revisiones, dado que la consecuencia jurídica de ignorar dichos emplazamientos supone la rebeldía en el procedimiento judicial, con la consecuente pérdida de oportunidad en la defensa de los intereses de la empresa a quien se le notificó.
Restamos a su disposición para cualquier aclaración que precisen.
Para más información, contacta con nuestro despacho.
