Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (BOE 07-10-2017)

 

Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar
El Real Decreto introduce de nuevo, mediante una disposición adicional, que desde el 1 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, se aplicará una reducción del 20 % a las cotizaciones devengadas por la contratación de las personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, así como de quienes ya lo estuvieran desde un momento posterior al 1 de enero de 2012. Dicha reducción de cuotas podrá complementarse hasta alcanzar el 45 por ciento con la bonificación para familias numerosas, que se reconocerá en los términos establecidos en la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas.


Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
Se aprueba, con efectos desde el 16 de agosto de 2017 y hasta el 30 de abril de 2018, la reactivación extraordinaria del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Plan Prepara).

El plazo para solicitar la inclusión en el programa de las personas que hayan agotado la protección por desempleo desde el 16 de agosto de 2017 hasta la fecha de publicación de este real decreto ley será de dos meses desde esta última fecha.

 

Modificación de la DA 23 de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Este Real Decreto Ley modifica también la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación incorpora una modificación de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 14/2011 con la finalidad de delimitar claramente el ámbito del sector público al que se aplican las reglas específicas de esta disposición, y los supuestos en los que se admiten en el sector público los contratos de obra o servicio determinado con una duración superior a tres años.

 

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